Proyecto de ley contra las pandillas establece sanciones civiles a padres de familia

La Paz, 28/09/2016 (Prensa Palacio).- El Órgano Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de ley contra las pandillas en Bolivia, que establece la puesta en marcha de medidas de prevención y sanciones contra quienes lideren y recluten a jóvenes para formar parte de estas agrupaciones delictivas, además otorgará sanciones civiles para los padres de familia, anunció hoy el ministro de Gobierno Carlos Romero.

“Así es que en esta ley que estamos presentado a consideración del Parlamento hemos contemplado un conjunto de medidas de prevención que estarían a cargo, tanto del Gobierno Nacional a través de distintos ministerios sectoriales como el de Comunicación, Salud, Educación, Culturas, Deportes, Autonomías, Justicia, como las gobernaciones y de los municipios en términos de la implementación de programas socioeducativos, campañas de concienciación, programas de inserción laboral, programas comunitarios, apertura de espacios de esparcimientos, trabajo con la familia y con los jóvenes”, informó la autoridad en Palacio Quemado.

Explicó que en la parte punitiva este proyecto de ley establece como tipología delictiva la conformación de una pandilla con fines ilícitos que tendrá el tratamiento de una asociación que merecerá una sanción penal de entre seis meses a dos años de privación de libertad y a quienes lideren su conformación con fines delictivos, un agravante de un tercio más de pena que podría incluir hasta tres años de cárcel.

“Los menores de edad tendrán dos tipos de tratamiento. Si son menores de 14 años deberán ser objeto de medidas protectivas establecidas en el Código de Niño Niña Adolescente, si se encuentran en el rango entre 14 y 18 años serán considerados con las medidas socioeducativas de reinserción previstas también en la normativa correspondiente y si son mayores de 18 años serán pasibles a sanciones penales agravadas, en este caso por la comisión de delitos que generalmente son los que hemos mencionado antes”, agregó.

También el anteproyecto está dirigido a quienes son los reclutadores de menores, quienes tendrán sanciones penales agravadas en un tercio por ser los autores intelectuales  “y respecto de los padres de familia, se establece responsabilidad civil por los actos que puedan comprometer el accionar de sus hijos”.

Romero dijo que para este anteproyecto hubo una deliberación muy amplia con gobernaciones y municipios en el contexto de la Cumbre de Seguridad Ciudadana que se llevó adelante en la ciudad de La Paz en abril de este año y teniendo como antecedente el caso Cartel Family que adquirió mucha notoriedad y últimamente el del Cartel 21 que ha cobrado una nueva víctima en el departamento de Cochabamba, en Sacaba  y que refleja una vez más el accionar de muchas pandillas.

Si bien algunos estudios académicos han identificado alrededor de 700 pandillas  en el país, la Policía Boliviana ha inventariado 269, de las cuales la mayor parte se encuentran en Santa Cruz, el segundo lugar lo ocupa La Paz y el tercero Cochabamba.

El titular de Gobierno explicó que estas pandillas están generalmente vinculadas cuando se organizan con fines delictivos como la comisión de asesinatos, violaciones, atracos y también entre sus integrantes es frecuente el uso de drogas, el consumo de bebidas alcohólicas y la articulación de menores de edad.

En cuanto a la política de centros de rehabilitación sostuvo que ya en las modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana que han sido aprobadas en el Parlamento, y se espera sean promulgadas por el presidente Evo Morales, se ha incorporado una disposición que otorga un año de plazo a las entidades subnacionales, en coordinación con el Gobierno Nacional, para establecer por lo menos un centro de rehabilitación para gente en situación de drogodependiente y de rehabilitación de menores en cada capital de departamento.

El tratamiento de menores en situación de drogadicción, de consumo de bebidas alcohólicas es muy importante, dijo, pues representa, además el segundo factor que genera sensación de inseguridad entre la población boliviana, de acuerdo a las encuestas que se han efectuado al respecto.

“Lógicamente los pocos centros de rehabilitación que tenemos tiene muy poca capacidad, con escasez de recursos económicos y con ausencia de una planta profesional multidisciplinaria generalmente”, reveló.