Diputados adecúan Ley de Defensor del Pueblo a la Constitución Política del Estado

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Prensa Diputados, 10/11/2016.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el Proyecto de Ley del Defensor del Pueblo, que adecúa esta norma a la Constitución Política del Estado (CPE) y  tiene por objeto regular las atribuciones, prerrogativas, organización y funcionamiento del máximo ente defensor de los derechos humanos del país.

“Se ha restringido el control social a las tareas que lleva delante de manera puntual la Defensoría del Pueblo, ese es el ajuste que se introdujo en el Artículo 15, (…) son dos tipos de informe, uno anual y otros tipos de informe que pueden establecerse como a funcionario público”, explicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, luego de la aprobación del Artículo 15 del Proyecto.

El documento aprobado por los diputados aclara que el informe que brinde el Defensor del Pueblo al Control Social se enmarcará en las reglas previstas en la Ley 341 de Participación y Control Social.

A pedido de la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia se incluyó una segunda disposición transitoria, que establece la inclusión de una delegación especial de la Defensoría del Pueblo para la niñez y adolescencia.

“El Defensor del Pueblo designará para la gestión 2017 una delegada o delegado defensorial especial en materia de niñez y adolescencia”, señala el texto agregado. En ese marco, la presidenta Montaño explicó que todas las delegaciones especiales tienen un año de gestión y que, en este caso, el Defensor decidirá el tiempo de vigencia que tendrá este mandato, “dependiendo del trabajo que quiera encararse a través de ella, pero además también podrá asignar una zona específica”.

Por otro lado, el Proyecto de Ley ratifica que la Defensoría del Pueblo es la institución de derecho público nacional, encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado, las leyes y los instrumentos internacionales.

Asimismo, le asigna la competencia de promocionar y defender los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas, interculturales, afrobolivianos y de todos los bolivianos que se encuentran en el exterior.

El documento aprobado por el pleno de Diputados remarca que la Defensoría del Pueblo tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y que no recibe instrucciones de ninguno de los órganos del Estado, pero que sí está sometida al control fiscal.

Por otro lado, el Proyecto de Ley precisa que las funciones de la Defensoría del Pueblo alcanzarán a las actividades administrativas de todo el sector público y de las instituciones privadas que presten servicios públicos en los distintos niveles del Estado, por lo que tiene la facultad de solicitar información a autoridades políticas, militares, policiales, electorales, judiciales, del Ministerio Público, representantes legales de empresas privadas, cooperativas y servidores públicos, sobre las investigaciones que realice, sin reserva alguna.

Además, remarca que el Defensor o Defensora del Pueblo no será objeto de persecución, detención, ni enjuiciamiento por el cumplimiento de sus funciones. “En caso de la comisión de delitos, se aplicará el procedimiento de juzgamiento previsto en la Ley Nº 044 para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y modificada en parte por la Ley 612”, reseña el Proyecto de Ley en su artículo 16.

Entre los principios de la Defensoría del Pueblo está la accesibilidad, es decir, que deberá otorgar a todas las personas el acceso a sus servicios, evitando patrocinios, trámites o condiciones para su intervención; celeridad, lo que significa que los asuntos que competan a esta institución deberán ser tramitadas de manera rápida y oportuna.

Dentro de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo está el “interponer acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, en casos de vulneración de derechos individuales y colectivos manifiestamente”.

También puede proponer leyes, decretos y resoluciones. Asimismo puede investigar de oficio o a solicitud, los actos que impliquen la vulneración de los derechos humanos individuales o colectivos.

El Proyecto de Ley también establece que el Defensor del Pueblo será electo por la Asamblea Legislativa Plurinacional cada seis años, y el ejercicio de este cargo es incompatible con cualquier otra actividad pública, privada, con remuneración o sin ella, además de las incompatibilidades señaladas en la CPE, exceptuándose la actividad de docencia universitaria.

Sobre el cese de funciones del Defensor del Pueblo, señala que el mandato de esta autoridad culmina por cumplimiento de los seis años de gestión, por renuncia, por muerte, por incapacidad permanente y absoluta sobreviniente, por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, por tener pliego de cargo ejecutoriado, o por incompatibilidad sobreviniente.

Este Proyecto de Ley abroga la Ley 1818 del Defensor del Pueblo vigente desde el año 1997.