MINISTERIO PÚBLICO IMPUTA A CINCO FUNCIONARIOS DE YPFB Y PIDE DETENCIÓN PREVENTIVA POR CASO TALADROS

PRENSA, LA PAZ (31.05.17).- El Ministerio Público imputó el miércoles a cinco funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la presunta comisión de los delitos incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por lo que solicitó la detención preventiva de los sindicados involucrados en irregularidades en la adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres equipos de perforación.

“En la etapa preparatoria de la investigación, el Ministerio Público colectó una serie de indicios que hacen presumir la participación de los imputados en los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por lo que serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares en la que se solicitará la detención preventiva” señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria.

La comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla fundamentó la imputación contra el Director interino de Operaciones de Perforación, Bigmarck Serrano Parada y el Gerente de Perforación Corporativa, David Pérez Alba, además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix Bustos Martin, Gizel Siles Roca y Julio Kjari Nina, este último aprehendido en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el documento, los imputados participaron como miembros del Comité de Licitación, que emitió el informe de evaluación y recomendación final disponiendo autorizar la etapa de concertación con la empresa Drillmec por haber obtenido el mayor puntaje en la evaluación, descalificando así a las demás empresas para la adjudicación.

De acuerdo con el documento elaborado por los fiscales Terrazas y Jarandilla, los miembros del Comité de Licitación vulneraron la normativa vigente y el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero, mediante actos administrativos, acciones y omisiones durante el proceso de licitación, concertación, elaboración y firma del contrato.

Ante lo expuesto, los representantes del Ministerio Público solicitaron la detención preventiva de los imputados en la cárcel de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, toda vez que concurren los riesgos procesales de fuga debido a que no presentaron documentación idónea y original que acredite domicilio, familia y trabajo constituido en el país.

Asimismo, concurre el riesgo de obstaculización del proceso debido a que los imputados pueden modificar, destruir u ocultar elementos de prueba importantes para este proceso, además que existe la probabilidad de que puedan influir en otros co imputados, peritos o testigos.