TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA RENDICIÓN DE CUENTAS PARCIAL – 2017

Rendicion de cuentas tribunal supremod de justicia

Dr. Pastor Mamani Villca Presidente Tribunal Supremo de Justicia

POTOSÍ, 11 DE julio de 2017.- Trascendental importancia, ha motivado que nos reunamos hoy, a casi cumplida media gestión de este año 2017 en la Majestuosa Potosí, tierra que dio y da esplendor, no solo a toda nuestra Bolivia, sino más allá de las fronteras; no siendo injusto entonces, que en su Escudo de Armas quede inscrito: “Soy el rico Potosí”, del mundo soy el tesoro; soy el rey de los montes, envidia soy de los reyes".

Es así, que desde la Villa Imperial, de manera histórica, por primera vez el Tribunal Supremo de Justicia, máximo representante de la jurisdicción ordinaria en el país, informa a toda Bolivia mediante su Rendición de Cuentas Parcial, sobre las actividades efectuadas al primer semestre de 2017.

Para ello y en inicio, resulta necesario precisar, que a partir del 7 de febrero de 2009, cuando la actual CPE entró en vigencia, todas las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, iniciaron un proceso de adecuación a este nuevo modelo de Estado; el Órgano Judicial de Bolivia, lo hizo en forma paulatina a partir del 24 de junio de 2010 con la promulgación de la Ley del Órgano Judicial Nº Ley del Órgano Judicial Nº 025, y principalmente con un hecho que marcó como hito trascendental en la historia jurídica de Bolivia, nos referimos a la elección y posterior posesión de las máximas autoridades jurisdiccionales un 3 de enero de 2012.

Y hoy en día, luego de cinco años y seis meses, podemos afirmar que si bien el periodo de transición ya viene llegando a su fin, lo hace, con los cimientos consolidados y con la institucionalidad constituida y representada por el Tribunal Supremo de Justicia, como máximo representante de la jurisdicción ordinaria a nivel nacional.

Sin embargo, resulta importante recordar que el inicio no fue fácil, ya que en la gestión 2012 se heredaron los resabios de carga procesal de la otrora Corte Suprema de Justicia, y que la labor y desafío de instaurar una nueva justicia, se hizo sin el acompañamiento necesario, no solo de recursos financieros, sino también sin el adecuado marco legal que la sustente. Ya que es  sumamente difícil que la forma de impartir justicia, cambie si las leyes que regulan dichos procedimientos no cambian.

De tal forma, y en atención a ello, conscientes de esta realidad, el Órgano Legislativo en coordinación con el Ejecutivo, comenzaron a conformar diferentes comisiones de elaboración de proyectos de Leyes, cuyos frutos comenzamos a observar con la promulgación del Código Procesal Civil, el Código de las Familias, y el Código Niño, Niña y Adolescente, entre otras. Pero lo que debemos destacar, es que estos nuevos Códigos, que si bien se encuentran en plena concordancia con la Constitución Política del Estado, recién comenzaron a estar plenamente vigentes en la gestión 2015; y a la fecha, aún continúa la transición normativa, ya que se avizora la reforma estructural en materia penal, comercial, administrativo y laboral.

El camino no fue fácil, pero debemos rescatar que con el trabajo conjunto y participativo, se logran las metas trazadas, y se obtienen resultados, como los que hoy, a seis meses de la gestión 2017, presentamos a continuación.

En lo referente a la:

 ACTIVIDAD PROCESAL EN SALA PLENA Y SALAS ESPECIALIZADAS

EN SALA PLENA

Haciendo un análisis retrospectivo de la labor efectuada durante estos casi 6 años; asumimos como magistrados elegidos en la gestión 2012, una carga procesal de 1.961 causas heredadas de la ex Corte Suprema de Justicia, a las que debió adicionarse solo en ese primer año, 531 procesos contencioso administrativo y contencioso, que con los diferentes trámites, daban un total de 914, partiendo de tal manera, con 2.875 procesos y trámites solo en Sala Plena. Debiendo sumarse a ello, la carga procesal ingresada sucesivamente en cada gestión, misma que alcanzó hasta el 30 de junio pasado un total de 4.504 procesos y trámites por resolver, de los cuales a la fecha la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolvió 4.045, quedando solamente 459 pendientes a 6 meses de cumplir nuestro mandato.

EN CUANTO A LAS SALAS ESPECIALIZADAS

Sala Penal, Conformada por su presidenta Norka Mercado Guzmán y Maritza Suntura Juaniquina, de 399 causas ingresadas en estos 6 meses, se resolvieron 298, quedando por resolver 101 causas.

Sala Civil, Conformada por su presidente Rómulo Calle y Rita Nava, de 911 causas ingresadas se resolvieron 440.

Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera, Conformada por su presidente Jorge Isaac von Borries Méndez y Antonio Guido Campero Segovia, de 499 causas ingresadas como casación, se resolvieron 150, quedando por resolver 349 causas; y de 474 causas contenciosas y contenciosas administrativas ingresadas, se resolvieron 107, quedando por resolver 367 causas.

Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda, Conformada por su presidente Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y Fidel Marcos Tordoya Rivas, de 497 causas ingresadas se resolvieron 118, quedando por resolver 379 causas; y de 787 causas contenciosas y contenciosas administrativas ingresadas, se resolvieron 103, quedando por resolver 684 causas.

PROCESOS DE PRIVILEGIO CONSTITUCIONAL

El primer semestre de 2017, la Sala Penal como juez cautelar llevó adelante las audiencias de medidas cautelares de los casos denominados FOCAS y ENFE.

Desarrollándose además de ellos, el caso denominado PETROCONTRATOS; así como el denominado MISILES CHINOS, este último que encontrándose en etapa de juicio oral, ha ingresado a la fase de conclusiones.

YA EN LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL

 EN CUANTO AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL:

Se realizó el Estudio de la Detención Preventiva En Bolivia

A principio de esta gestión, concretamente en la Inauguración del Año Judicial, se planteó que el sistema penal se abordaría desde la racionalización de la detención preventiva como medida cautelar y la puesta en marcha del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal, en base a la obtención de información fidedigna y completa sobre los privados de libertad, a través de un sistema confiable. Hoy con beneplácito, me corresponde informar, que las propuestas efectuadas en enero de esta gestión, hoy cuentan con resultados palpables:

El Tribunal Supremo de Justicia preocupado por el alto índice de detenidos preventivos en las cárceles del país, el tiempo de duración de esa medida cautelar, el cumplimiento de los preceptos constitucionales sobre el uso restrictivo de la detención preventiva y la vigencia efectiva de la garantía de inocencia, así como el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos relativos a la aplicación de la detención preventiva que forman parte del bloque de constitucionalidad, en el marco del Convenio de Apoyo suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo solicito que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)  realice de estudio que identifique las causas del uso de la detención preventiva como medida cautelar principal y que deriva en el alto índice de detenidos preventivos.

Si bien, la problemática de los altos índices de detención preventiva es multicausal y compete a todos los servidores y operadores del sistema de justicia, como a otros agentes externos y a la sociedad misma. El estudio se ha focalizado en las Audiencias de Medidas Cautelares y nos ha mostrado serios problemas en las audiencias de medidas cautelares que deben ser revertidos a la brevedad posible, por eso los jueces y juezas de materia penal, vocales de Tribunales Departamentales, magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que compartimos la preocupación sobre la problemática debemos contribuir a su solución, a través de la racionalización del uso de la detención preventiva, mejorando la calidad de las decisiones, lo que a su vez exige mejora en la calidad de la audiencia y de la información presentada por las partes para sustentar sus peticiones, así como el resguardo de los derechos de las personas sometidas a proceso penal como de las víctimas.

PROTOCOLO DE DIRECCIÓN DE AUDIENCIAS

Ante los hallazgos del  Estudio diagnóstico de la Detención Preventiva en Bolivia, que identifican  -entre otros factores - problemas en la aplicación de las medidas cautelares personales relacionados con la labor judicial, tales como la conducción y metodología de las audiencias, déficits en la exigencia de calidad de la información que aportan las partes en audiencia y por ende en la calidad de las decisiones judiciales, reemplazo de la fundamentación de las decisiones judiciales por la reproducción de lo dicho por las partes en las audiencias y la cita de  sentencias constitucionales, así como tendencias a reproducir prácticas propias del sistema inquisitivo. Se ha elaborado el Protocolo de Dirección de Audiencias de Medidas Cautelares, tomando como punto de partida las audiencias como espacios de toma de decisiones judiciales, donde el juez dirige la audiencia en un entorno en que las partes pueden expresar sus peticiones y fundamentos, de manera oral, en igualdad de condiciones, con la posibilidad de controvertir lo dicho por la contraparte, aportando información de calidad ante un tercero imparcial e independiente que en el marco del debido proceso adoptará la decisión legal más razonable y justa para el caso concreto también de manera oral y en la misma audiencia.

El Protocolo de Dirección de Audiencias para Medidas Cautelares es una guía de actuación con pautas concretas y prácticas, aplicables para que la audiencia de medidas cautelares se constituya en un entorno que garantice la producción de información de calidad y que sirvan para tomar también decisiones judiciales de la más alta calidad y ha sido aprobado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y será puesto a disposición de los operadores del sistema de justicia que cumplen roles de fiscales, defensores y querellantes, para que cuenten con una guía, estandarizada en todo el país, sobre las pautas de actuación en audiencia y sobre la calidad de la información que los jueces y juezas exigirán en las audiencias.

Cabe aclarar la que el Protocolo va acompañado de un proceso de capacitación necesario existiendo una planificación con la que se pretende llegar al 100% de los Jueces Cautelares y Vocales de las Salas Penales de los Tribunales Departamentales. La capacitación se inició con el primer curso que se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz del 15 al 18 de junio, estando previstos dos cursos más en lo que resta de la gestión.

PLAN NACIONAL DE DESCONGESTIÓN PENAL

Como parte del Plan Nacional de Descongestión Penal impulsado desde el propio Órgano Judicial desde la gestión 2014, la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia mediante Instructivo ordenó a los Jueces de Ejecución Penal del Órgano Judicial el llenado y permanente actualización del formulario electrónico “Kárdex personal del privado de libertad”, en cumplimiento del art. 21 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión N° 2298 que impone la obligación de registrar a los privados de libertad a su ingreso a los establecimientos penitenciarios, existiendo a la fecha más de 10.000 registros correspondientes a más de 10.000 privados de libertad, generados por nuestros propios Jueces de Ejecución Penal, constituyéndose a estas alturas el Sistema “Tullianus” en un medio estratégico para luchar contra la retardación de justicia y contra el hacinamiento carcelario.

Establecido el padrón penitenciario, el cual esperamos en los siguientes días concluya con el registro de la totalidad de los privados de libertad del país entre detenidos preventivos y sentenciados, acto seguido correspondía iniciar la fase de coordinación con los otros Órganos del Estado Plurinacional para consolidar nuestra base de datos, en dicho mérito, la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia con una visión prospectiva ha llevado adelante distintas reuniones con el Ministerio de Gobierno y otras instancias involucradas en la administración de justicia, siendo el corolario  de estos esfuerzos, la firma del Convenio Interinstitucional Específico entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Gobierno, por el que ya se encuentra en plena fase de ejecución la interconexión de datos entre nuestro Sistema Informático “Tullianus” y el SIPENBOL (Sistema Penitenciario Boliviano) de Régimen Penitenciario, dependientes del Ministerio de Gobierno.

Cumplidos estos objetivos institucionales y con creces, se espera en los próximos días la implementación de la siguiente fase del Plan Nacional de Descongestión Penal, consistente en la conformación de mesas de trabajo con todas las instituciones involucradas en la justicia penal para comenzar un proceso de depuración de causas y selección de causas que ingresarán en la descongestión según ha sido planificado.

PROFUNDIZACIÓN AL PROYECTO CONCILIACIÓN EN SEDE JUDICIAL

 A un poco más de un año de la implementación de la Conciliación Previa en Sede Judicial, se advierte un sistema visiblemente fortalecido, producto del trabajo constante y permanente en cuanto a su monitoreo, mejora y diagnóstico frecuente y programado para la identificación de avances y dificultades. Obteniendo al primer semestre de la presente gestión en relación al total de causas ingresadas y que cuentan con audiencia de conciliación, un 35% de solución total a los conflictos sometidos a conciliación; presentando con ello (en un periodo de 6 meses) y en relación a la anterior gestión (un periodo de 11 meses), un incremento proporcional del 113%. Concluyéndose de lo anotado, que al primer semestre de la gestión 2017, la población que acude a la conciliación en sede judicial como mecanismo para la solución de sus conflictos se ha incrementado a nivel nacional; lo que conlleva no solo la disminución de la carga procesal, sino la apertura y reconocimiento cada vez mayor por parte de la población del empleo de la conciliación como un medio idóneo, rápido y eficaz para solucionar sus problemas.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN EN SEDE JUDICIAL EN BOLIVIA Y LA EXPERIENCIA ARGENTINA EN MEDIACIÓN Y JUSTICIA

 Fomentando y reconociendo el compromiso y aplicación de la Conciliación en Sede Judicial en Juezas y Jueces Públicos en Materia Civil y Comercial de ciudades Capitales y Provincias de toda Bolivia, se desarrolló el “PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN EN SEDE JUDICIAL”; en el cual participaron 20 juezas y jueces, seleccionados mediante un proceso exhaustivo que valoró el haber contemplado en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales y consiguiente resolución de causas, aplicando la Conciliación en Sede Judicial. Los cuales por 5 días, con el apoyo y financiamiento de la Cooperación Suiza en Bolivia, participaron en el programa con la finalidad de fortalecer sus conocimientos en la aplicación de diferentes técnicas empleadas en la conciliación en el ámbito de los resultados obtenidos en la República Argentina; conociendo de cerca, la experiencia obtenida en el país vecino, por el trabajo pionero desarrollado por más de 22 años en los procesos de mediación. Jornadas que permitieron advertir, con el fin de fortalecer el proceso de implementación de la Conciliación en Sede Judicial en nuestro país, la necesaria modificación del Código Procesal Civil, respecto a la obligatoriedad de conciliar de forma previa en los procesos monitorios, voluntarios y/o de mínima cuantía, ante la posibilidad de lograr la conciliación total, evitando con ello erogar gastos a las partes y activar todo un aparato judicial para el desarrollo de un proceso; así como socializar sus beneficios; la formación en la materia de abogados y jueces; su inclusión en la malla curricular de las Carreras de Derecho de las diferentes universidades, como “materia principal”; y la especialización, entre otros aspectos, de los propios conciliadores, ya que dicha experticia dependerá en gran medida el alcanzar una conciliación total, evitando con ello largos procesos. Dicha experiencia será replicada en los 9 departamentos conforme al Plan de Capacitación Integral programado para la presente gestión, coordinado de manera conjunta con la Escuela de Jueces del Estado.

Adicionalmente a ello, en este semestre se desarrolló el 3ER. ENCUENTRO - TALLER: “SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL EN BOLIVIA”, con el objetivo de Profundizar el proceso de implementación de la conciliación en sede judicial mediante la realización de un diagnóstico sobre los avances y dificultades de la aplicación de la Conciliación Previa e Intraprocesal en materia civil, así como la identificación de líneas de acción que permitan fortalecer su implementación.

Publicándose además, el Protocolo de Actuación de Conciliación Judicial en Materia Civil, y el texto: “La Conciliación Civil - Análisis y aplicación práctica de la Ley N°. 439 Nuevo Código Procesal Civil” como instrumentos de necesario empleo para jueces, abogados y la población en su conjunto.

POLÍTICA DE GÉNERO EN EL ÓRGANO JUDICIAL

 En el marco del compromiso asumido por el Tribunal Supremo de Justicia de promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales desde una visión de igualdad de género, con el objeto de preservar el bienestar de mujeres y hombres a la luz del principio constitucional de igualdad ante la ley; fueron impulsadas diferentes acciones a través del Comité de Género del Órgano Judicial compuesto por Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras del Consejo de la Magistratura.

Acciones que contemplaron la capacitación y procesos de sensibilización; suscribiendo esta presidencia en representación del Órgano Judicial el  “Memorándum de Entendimiento Interinstitucional” con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la Política de Género, al interior del Órgano Judicial.

COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA

No resulta desconocido el hecho de que el mandato constitucional delegado a la Ley de Deslinde Jurisdiccional, no puede concretarse en toda su dimensión, pues hasta hoy su aplicabilidad no ha sido efectivizada integralmente, al no responder a la avizorada coordinación y cooperación plena entre jurisdicciones.

El Tribunal Supremo de Justicia, consciente de esa situación a través de su Sala Plena, llevó a cabo reuniones de coordinación y establecimiento de lazos de comunicación con distintas autoridades de la justicia indígena, originaria, campesina; efectuándose al presente el análisis del Protocolo de Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena Originario Campesina y la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, elaborado con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY DEL CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL

Conocido el contenido del Proyecto, con la finalidad de desarrollar una propuesta institucional en base a la fundamentación técnica jurídica para su aplicación práctica de los operadores de justicia; fue decisión de esta presidencia, instruir el análisis del Proyecto de Ley en los 9 Tribunales Departamentales de Justicia, solicitando se conforme una batería de propuestas y sugerencias; para posteriormente convocarse en el mes de mayo pasado a Vocales y Jueces representantes de cada Distrito, para la realización del Taller Nacional de Análisis y Estudio del contenido del Proyecto del Código del Sistema Penal, obteniendo un Documento Final a presentarse a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración.

CONSULTORÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES

Ante la figura proyectada de las denominadas Oficinas Gestoras de Audiencias y la conformación de los Colegios de Jueces por el proyecto del Código del Sistema Penal, Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que dichas  figuras y mecanismos de organización procesal no constituyen un simple cambio normativo sino una reestructuración de la forma de composición de un juzgado, exigiendo cambios no solo en los procedimientos utilizados sino en la propia gestión administrativa con requerimientos principalmente económicos relacionados a la infraestructura y logística; propició con el apoyo del PNUD, el desarrollo de una consultoría técnica especializada, desarrollando el Taller de Planificación Estratégica para la Implementación de las Oficinas Gestoras de Audiencias.

ESPACIOS DE ANÁLISIS EN EL ÁREA CIVIL

En función al nuevo marco jurídico que rige en Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado y producto de la implementación de los nuevos códigos, el Tribunal Supremo de Justicia promovió la conformación de espacios de análisis del Código Civil vigente, en los Tribunales Departamentales de Justicia de los 9 departamentos, con la finalidad de que de manera participativa, reflexiva y conjunta, Vocales y Jueces de todo el país, identifiquen vacíos legales, contradicciones, incongruencias y demás elementos que en función a su experiencia en el ejercicio y práctica cotidiana, se han constituido en obstáculos para la correcta y adecuada implementación de la ley en materia civil, acorde a la realidad boliviana.

Es así, que sistematizada la información generada en todo el país, se ha conformado una comisión de análisis, que proyecte y remita una propuesta normativa a la comisión redactora del nuevo Código Civil.

DIRECTRICES EMITIDAS A NIVEL NACIONAL

Durante el pasado semestre, el Tribunal Supremo de Justicia, emitió diferentes directrices a nivel nacional, pudiendo resaltar entre ellas: El correcto control que deben ejercer los jueces en materia familiar en cuanto a la notificación de actuados;  El uniformar el tratamiento de procesos de regularización de derecho propietario; La observancia de la doctrina legal sentada por las sentencias pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y sobre el empoce inicial de oferta de pago en procesos coactivos fiscales, entre otros.

JURISPRUDENCIA

Tanto Sala Plena como las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, desarrollaron diferentes líneas jurisprudenciales, que mediante la Unidad de Jurisprudencia, ahora son parte de la Base de datos accesible a la población en general mediante el portal web institucional. Sistematizando en este periodo, más de 3.000 Sentencias y Autos Supremos.

PLATAFORMA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

En el entendido de que el facilitar el Acceso a la Justicia, brindando una atención pronta y oportuna a la población, se constituye en una labor prioritaria. En este periodo, se implementaron las Plataformas de Atención al Público e Informaciones en la ciudad de El Alto y en el Municipio de Sacaba; permitiendo con ello, y gracias a la colaboración desinteresada del Embajador de la República Popular de China, Wu Yuanshan; centralizar la atención de los servicios en la recepción, registro y sorteo de causas y recursos, mediante un sistema informático que busca trasparentar los trámites presentados a las plataformas.

RESULTADOS DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA CORTE SUPREMA POPULAR DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

 Sin lugar a dudas, una de los gestiones que debe resaltarse, deviene de la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Corte Suprema Popular de la República Popular de China, el cual en virtud del relacionamiento y los vínculos fraternos de coordinación y cooperación entre ambos pueblos a partir de las gestiones de esta Presidencia, comprometió el intercambio de experiencias en dos áreas de radical importancia: 1) El uso de las Tecnologías de la Información aplicadas a los servicios de administración de justicia; y 2) El establecimiento de  mecanismos de intercambio de experiencias y conocimientos, entre la Escuela de Jueces del Estado de Bolivia y el Colegio Nacional de Jueces de China.

Es así, que efectivizando dicha convenio, la Corte Suprema Popular de la República Popular de China, envió a nuestro país una Delegación de autoridades y técnicos especializados, para efectuar el diagnóstico del Sistema Informático empleado para la gestión de causas, como un primer paso, para el diseño del fortalecimiento y trasferencia de tecnología y recursos informáticos a Bolivia, conforme al sistema altamente tecnificado que poseen.

Por otra parte, atendiendo la segunda área acordada en el convenio, la República Popular de China, desarrollará en los próximos días el Primer Seminario Bilateral de intercambio, para el cual se gestionó la participación de jueces de los diferentes departamentos de nuestro país.

Cabe remarcar, que la cooperación económica brindada por le República Popular de China, gracias a las gestiones de su Embajador en Bolivia, se constituye en un apoyo real y efectivo, nunca visto en la historia judicial boliviana; gestionándose al presente la implementación de una nueva imprenta para el Órgano Judicial, con una inversión millonaria.

Finalmente, hoy, a casi seis meses de la conclusión de nuestro mandato constitucional, podemos afirmar que durante esta etapa histórica de cambio y revolución de la justicia en Bolivia, pese a opiniones divergentes, se ha consolidado el periodo de transición entre el sistema anterior de justicia que respondía a un modelo diferente de Estado y a una realidad ajena a la nuestra, a la nueva institucionalidad representada por el Tribunal Supremo de Justicia, que en una labor constante desde el 2012, ha construido el cimiento, allanado el camino, y gestado acciones que no solo rinden sus frutos hoy, ya que vislumbran su sostenibilidad en el tiempo, siendo por ello, compromiso indelegable de las  nuevas autoridades el dar continuidad a la labor desarrollada en esta etapa que la historia nos permitió iniciar.

Muchas gracias  

A ello, cabe puntualizar que además de brindar el día de hoy la información concerniente a las actividades efectuadas en esta primera mitad del año, y al constituirse este 2017 como la gestión de conclusión de este primer periodo histórico de inicio del hoy Tribunal Supremo de Justicia; cumple efectuar un análisis integral e informar acerca de las principales actividades que se efectuaron en el transcurso del periodo 2012-2017.