Ejecutivo y Procuraduría piden juicio de responsabilidades contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Caso misiles chinos

Prensa Diputados, 07/09/2017.- Los ministros de Defensa y Justicia, Reymi Ferreira y Héctor Arce, respectivamente,  y el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, presentaron este jueves una proposición acusatoria contra los seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que llevaron el caso de la entrega de 37 misiles chinos de propiedad de las Fuerzas Armadas bolivianas al gobierno de Estados Unidos en 2005.

“Luego de conocido el fallo por el caso misiles chinos, el gobierno nacional inició el análisis pormenorizado y detallado, tanto de la argumentación como del fallo, que se llevó adelante en conjunto con la Procuraduría, el Ministerio de Justicia y el afectado, el área de Defensa, las Fuerzas Armadas, y estamos presentando una proposición acusatoria en contra del Tribunal, tanto los que fallaron, de acuerdo a la resolución, como el voto disidente como agravante”, informó el ministro Ferreira.

Los cinco magistrados que emitieron la “sentencia absolutoria” contra los acusados por el denominado misiles chinos y que podrían ser sometidos a un juicio de responsabilidades son los magistrados Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y Rita Susana Nava Durán, y el magistrado que emitió el voto disidente y que también podría ser procesado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Fidel Marcos Tordoya Rivas, quien planteó la plena absolución de los implicados en este hecho .

Ferreira lamentó que con el fallo emitido por el TSJ prácticamente se absolvió a los implicados en el caso misiles chinos, porque con una sentencia tan leve no entrarán a la cárcel y no se podrá apelar a ninguna otra instancia.

Por su parte, el procurador Pablo Menacho precisó que los delitos que supuestamente habrían cometido los seis magistrados del TSJ que podrían ser sometidos a juicio de responsabilidades son prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del Estado.

Explicó que se determinó pedir un juicio de responsabilidades porque los magistrados del TSJ que dictaron sentencia el pasado 30 de agosto omitieron el delito principal por el que eran imputados los responsables de la entrega de los misiles chinos a Estados Unidos, referido a un artículo constitucional que habla del sometimiento total o parcial de Bolivia a un país extranjero.

“El 2015 emite una resolución suprema, una sentencia, donde encuentra culpable en grado de complicidad a uno de los acusados por el delito de revelación de secretos militares; es decir, que a juicio del mismo tribunal de responsabilidades, las instalaciones militares, así como el armamento, tenían carácter secreto; sin embargo, en la resolución del 30 de agosto fallan diciendo que no han encontrado los elementos para decir que había secreto militar, entonces hay una contradicción fundamental, lo que permitiría establecer que este Tribunal habría incurrido en el delito de prevaricato”, agregó Menacho.

A su vez, el ministro de Justicia, Héctor Arce, recordó que los 37 misiles “tierra – aire” eran fundamentales para la defensa de la soberanía del país, porque era la principal defensa aérea que teníamos contra aeronaves de vuelo bajo y helicópteros, hecho que no se negó en el caso misiles chinos, pero que tampoco condice con la sentencia que se dictó contra los implicados en el proceso.

“Son penas destinadas obviamente a que nadie, absolutamente nadie, cumpla una pena, y después de 12 años de investigaciones, después de 12 años de juicio de responsabilidades, finalmente esto quede en nada, abriéndose un nefasto precedente para que en el futuro cualquier mala autoridad, ya sea civil o militar, pueda desarmar a nuestras Fuerzas Armadas y no le pase nada”, lamentó.

Procedimiento legislativo

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que el procedimiento para iniciar un juicio de responsabilidades contra cualquier autoridad se inicia con la presentación de una proposición acusatoria que es recibida en la instancia que representa, la misma que a través de su Presidencia la deriva a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado para su análisis, la que, a su vez, la deriva al Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado para que inicie la investigación del hecho.

El Comité de Ministerio Público emite un informe luego de realizar la investigación, documento que pasa a consideración de la Comisión de Justicia Plural, que a su vez aprueba o rechaza el mismo, y que en caso de aprobarse lo envía al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis. En caso de que el pleno apruebe la proposición acusatoria la remite a la Cámara de Senadores para que procese el juicio de responsabilidades.