La justicia penal tendrá como finalidad la solución pacífica del conflicto

Proyecto de Código del Sistema Penal

Prensa Diputados, 20/09/2017.- El sistema de justicia penal en el país tendrá como finalidad principal la solución pacífica del conflicto y su gestión deberá limitarse a los problemas cuya solución no pueda dejarse librada exclusivamente a los protagonistas ni puedan ser resueltos en otros ámbitos ni disciplinarios, es el enfoque restaurador del nuevo sistema penal.

Esta orientación, que es un lineamiento de política criminal contenida en el Proyecto de Ley de Código del Sistema Penal, fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados que este miércoles retomó el tratamiento en detalle de la propuesta, habiendo analizado desde el Artículo 4 hasta el 17, de un total de 670 artículos.

“Este Código plantea que su objeto y propósito es solucionar los conflictos por distintas vías, pero en última instancia por la vía penal”, afirmó la diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión de Constitución, quien durante la sesión absolvió las dudas y consultas de sus colegas acerca de los articulados del Proyecto que ya fue aprobado en grande.

En el marco del enfoque restaurador del sistema de justicia penal, el Proyecto establece deberes del Estado, a través de sus instituciones que presten servicios de justicia y gestión de la conflictividad, entre ellos prestar atención a los usuarios con diligencia, celeridad, eficiencia, eficacia, calidad y calidez; otorgarles un trato digno y respetuoso, erradicar las prácticas y procedimientos formalistas, burocráticos y dilatorios; y priorizar el interés de la víctima de ser reparada del modo más integral posible en el daño sufrido.

Asimismo, señala los derechos de las personas en la gestión de la conflictividad, como el acceso a servicios de justicia y gestión que les proporcionen respuestas efectivas y oportunas, a ser informadas de sus derechos y garantías que les reconoce la Constitución Política del Estado (CPE); a que se respeten sus individualidades en cuanto a edad, género, lengua, educación, creencias e interculturalidad; y al resguardo de su intimidad y privacidad, además de proporcionarles asesoramiento legal gratuita cuando no cuenten con recursos económicos suficientes.

El Artículo 11 aprobado implanta 13 reglas para la ejecución de programas de justicia restaurativa, orientadas que el o la infractora comprenda y asuma la responsabilidad de sus actos, la reparación integral del daño causado a la víctima y a la comunidad, y el restablecimiento de la armonía los valores de esta última.

Además, los procesos restaurativos sólo se aplicarán con el consentimiento libre y voluntario de la víctima y el o la infractora, quienes deberán ser debidamente informados del procedimiento. Los acuerdos derivados de este proceso sólo deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas, y una vez suscritos, serán de cumplimiento obligatorio.

Por otra parte, el pleno también aprobó el Capítulo I, del Libro Primero, referido al Ámbito de Aplicación de Ley Penal Ordinaria: en el territorio, en cuanto a la persona, en cuanto al tiempo y de aplicación material.

Respecto a la Infracción Penal, ésta es “la acción u omisión que, definida en los términos de este Código, acarree como consecuencia una sanción penal” (Art. 16), y que según el grado de afectación que provocan a los bienes jurídicamente protegidos, se clasifican en crímenes, delitos y faltas.

Las infracciones penales se organizan de acuerdo a los bienes jurídicos protegidos por la CPE, como son: humanidad, vida, dignidad y libertad humana, integridad física o psicológica y libertad sexual, madre tierra, solidaridad social y colectiva, bienestar individual y común, formas de organización de la economía plural, servicio público y seguridad del Estado Plurinacional (Art. 17).

Aprobado el Artículo 17, el pleno de la Cámara resolvió por mayoría aplazar el tratamiento en detalle del Proyecto de Ley hasta una nueva sesión.