Presidentes de la ALP esperan que Gonzalo Sánchez de Lozada retorne al país a rendir cuentas

Sanches de Lozada

Prensa Diputados, 21/02/2018.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles, coincidieron en que el juicio civil autorizado por la justicia de Estados Unidos contra el ex presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, es una buena señal para las víctimas de la masacre de octubre de 2003, sin embargo, creen que ambos deben retornar al país para rendir cuentas ante la justicia boliviana.

Casi 15 de años después de las jornadas de la masacre de octubre de 2003, la justicia norteamericana autorizó el juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, en el proceso que fue iniciado por familiares de nueve víctimas. El mencionado juicio comenzará el 5 de marzo en la Corte Federal de Fort Lauderlade – Florida, tras haberse rechazado una objeción presentada por los acusados.

“Satisface que se haya iniciado un juicio civil en Estados Unidos, sin embargo, creo que lo que esperamos todos los bolivianos y bolivianas, pero sobre todo las víctimas de la masacre de octubre, (…) es que Gonzalo Sánchez de Lozada rinda cuentas ante la justicia boliviana y ante el pueblo boliviano aquí en nuestro territorio, y esperemos que ese momento llegue”, manifestó la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño.

Agregó que cuando Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín rindan cuentas en Bolivia se pondrá fin a la impunidad de la que gozan las ex autoridades que ordenaron la masacre de 2003.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles, dijo que “es un mensaje esperanzador, y ojalá podamos tener finalmente aquí en Bolivia a quienes lamentablemente arremetieron contra la gente, contra el pueblo, no solamente se robaron los recursos del Estado, sino también las vidas de estas personas”.

Subrayó que el proceso que se lleva en Estados Unidos fue iniciado por nueve familias afectadas por la masacre de 2003, y comprometió apoyo del gobierno y del Legislativo para proseguir con la causa, siempre en la perspectiva de que los acusados retornen al país a rendir cuentas ante la justicia.