FISCAL GENERAL DEL ESTADO PRESENTA EN COCHABAMBA SU RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS ANTE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y SECTORES SOCIALES

RENDICION DE CUENTAS

·         La ejecución presupuestaria en el 2017 alcanzó al 95 por ciento.

·         Fueron destituidos 14 fiscales por procesos disciplinarios.

PRENSA, COCHABAMBA (17.04.18).- El Fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, presentó el martes ante la sociedad civil organizada, representantes de organizaciones sociales, Órgano Judicial, autoridades nacionales, entre otros, la Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2017.

El acto contó con la presencia del Ministro de Justicia, Héctor Arce; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Condori; el Presidente del Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro, el Gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, magistrados y magistradas, autoridades militares y policiales.

En la oportunidad, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio Público explicó que en 2017 se alcanzó una ejecución presupuestaria del 95 por ciento, lo que permitió el equipamiento y modernización del Ministerio Público y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Informó que la inversión en el IDIF fue de aproximadamente 29 millones de bolivianos, lo que posibilitó convertir a esta entidad como la más moderna de Suramérica por la tecnología de punta con la que cuenta. A esto suma, la adquisición de Unidades Móviles con equipamiento y tecnología de punta.

Asimismo, se destacó la instalación de cámaras gesell en Trinidad – Beni, El Alto, Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca, lo que evita la revictimización de las personas que han sufrido agresiones.

En cuanto a atención y protección de víctimas y testigos, en 2017, en el área social y psicología el Ministerio Público atendió 11.817 causas. Se hace énfasis que entre 2015 y 2017 los casos atendidos se incrementaron en un 201 por ciento.

El informe también hizo mención a que el pasado año se registraron 109 casos de feminicidio, siendo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los departamentos con mayor índice de hechos de esta naturaleza.

Los datos presentados también hicieron énfasis en los delitos de mayor incidencia referidos a corrupción entre los cuales se encuentra el incumplimiento de deberes con un 33 por ciento, seguido por conducta antieconómica, peculado, prevaricato, resoluciones contrarias, entre otros.

El análisis criminal también estableció que dentro de la familia de delitos de mayor frecuencia se encuentran: delitos de violencia de género y sexual, delitos patrimoniales, delitos contra las personas que hacen un 66,96.

Asimismo, se tiene en la familia de delitos de impacto social a: delitos de narcotráfico con 1,67 por ciento y delitos de corrupción con 1,13 por ciento del total de casos.

Los diez delitos más frecuentes son registrados en el 2017: violencia familiar o doméstica (24%), robo (9%), lesiones graves y leves (7,55%), estafa (5,80%), hurto (4,98%), homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito (4,10%), robo agravado (3,86%), amenazas (2,68%), conducción peligrosa de vehículos ((2,00%) y violación (1,47%).

La carga fiscal ingresada en el 2017 fue 126.484 causas de las cuales, la mayoría fue en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Con una carga activa de 270.102 casos, fueron cerrados 105.769 casos (39,16%) en el 2017.

La política nacional de descongestionamientos aplicada desde 2013, implicó priorizar la resolución de los casos rezagados de gestiones anteriores, para disminuir la retardación de justicia y dar solución jurídica a los detenidos preventivos involucrando a los otros sectores. En el 2017, la capacidad resolutiva fue del 133,97 por ciento en el 2017.

De acuerdo con el Modelo de Gestión Fiscal al 2017, se tiene como resultados 175.235 resoluciones conclusivas.

Entre otros datos, el Fiscal General del Estado destacó también la formación desarrollada por la Escuela de Fiscales con actualización especializada a servidoras y servidores del Ministerio Público, además de la primera promoción de 48 Fiscales Institucionalizados.

Finalmente, explicó que en 2017 a través de la Dirección de Régimen Disciplinario se recibieron 794 denuncias en todo el país contra servidoras y servidores del Ministerio Público, siendo concluidas 579. En ese contexto, fueron sancionados 113 fiscales con multas, uno fue suspendido y 14 destituidos como resultados de procesos disciplinarios.