Bolivia perdió más de 9.105 millones de dólares por la capitalización de cinco empresas estratégicas

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Prensa Diputados, 16/01/2018.- La segunda parte del informe conclusivo de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) revela que el país perdió más de 9.105 millones de dólares por la capitalización de las empresas estratégicas del Estado, proceso que fue desarrollado desde el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993 – 1997).

Las empresas estratégicas capitalizadas fueron: Empresa Nacional De Energía (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mientras que  la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Metalúrgica Vinto fueron privatizadas.

El presidente de la Comisión, senador Rubén Medinaceli, rememoró que antes de los gobiernos neoliberales, Bolivia contaba con 212 empresas, de las cuales siete eran estratégicas, es decir, “aquellas empresas que generaban excedentes económicos con dos destinos, potenciar el sector productivo, y atender los requerimientos de la población boliviana”.

Medinaceli recordó que la propuesta de capitalizar a las empresas estratégicas fue con el fin de doblar sus ganancias, sin embargo, la promesa no se cumplió.

Explicó que el proceso de capitalización inició con una campaña a nivel nacional e internacional para promocionar a las empresas estratégicas a nivel nacional e internacional, la cruzada llegó a Estados Unidos, Canadá y países de Europa con el fin de captar inversionistas.

“Luego, se contrataban consultoras internacionales para determinar el valor en libros de nuestras empresas, eso decía la Ley de Capitalización, que se establezca el valor en libros de cada una de las empresas”, indicó el legislador al añadir que el siguiente paso era la conformación de Sociedades de Economía Mixta, mejor conocidas como las SAM.

Agregó que estas SAM estaban conformadas por el Estado, que era el accionista mayoritario, por los trabajadores y por privados. El siguiente paso para la capitalización era que las sociedades duplicaban las acciones de la empresa y las licitaba para entregarlas a empresas transnacionales.

Continuaba la firma de dos contratos, uno que era el de “capitalización y suscripción de acciones”, es decir, el de transferencia del 50% de las acciones, y el segundo que era el de administración, mismo que le daba a la empresa inversionista la potestad de administrar la SAM y que se traducía en el directorio de la empresa, pues, cuatro de los siete miembros pertenecían a la capitalizadora.

“Los bolivianos éramos accionistas de más o menos el 49% de las acciones y quienes nos representaban en estas empresas eran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), que era otra entidad privada, y con esto la empresa se convertía una sociedad completamente provada, y las empresas de economía mixta hasta ese entonces se convertían en sociedades anónimas”, acotó.

Luego de exponer a detalle el “modus operandi” de este proceso, el senador reveló que el gobierno de Sánchez de Lozada utilizó diferentes estrategias para volver  deficitarias a las empresas estatales y tener un pretexto para privatizarlas.

La subvaluación fue un movimiento para favorecer a las transnacionales, es decir, se rebajaba costos, no se contabilizaba los valores intangibles en libros, no se monetizaba los inmuebles, y no se tomaba en cuenta los recursos económicos que tenían las empresas en cuentas bancarias.

Tal es el caso de YPFB, pues el Estado entregó adicionalmente a las empresas capitalizadoras 30 campos hidrocarburíferos en concesión con cero valor.

En ENFE, el gobierno de ese entonces rebajó un 67% el costo de la tarifa de transporte carga, lo cual afectó fuertemente a la economía de esa empresa, con lo que obtuvo el pretexto perfecto para capitalizarla.

El informe de la Comisión evidencia que el Estado boliviano gastó más de 297 millones de dólares para llevar adelante el proceso de capitalización.

La capitalización de ENDE provocó un daño superior a los 26 millones de dólares, a Entel, 484 millones de dólares, al LAB casi 60 millones de dólares, a ENFE más de 86 millones de dólares y a YPFB el daño superó los 8.448 millones dólares.

Privatización de Comibol y de la Empresa Metalúrgica Vinto

Así como se capitalizó cinco empresas estratégicas, las restantes dos, Comibol y EMV, fueron privatizadas, es decir, fueron entregadas a manos de privados para su administración, lo cual provocó un daño económico al Estado superior a los $us 477 millones, que sumados a los más de $us 9.105 millones, ascienden a $us 9.500 millones.