Código del Sistema Penal sancionará drásticamente la destrucción del patrimonio cultural

Prensa Diputados, 19/10/2017.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes el artículo del Proyecto de Ley de Código del Sistema Penal que sanciona la destrucción del patrimonio cultural con hasta ocho años de privación de libertad, porque se trata de un bien material de dominio público y de valor artístico o científico.

“La persona que trafique, deteriore, altere, exporte o explote sin autorización del organismo correspondiente un bien perteneciente al dominio público de valor artístico o científico, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio cultural material boliviano, o importe bienes del patrimonio cultural material de otras naciones y pueblos sin la debida autorización, será sancionada con prisión de tres a seis años y multa sancionadora de 401 a 500 días”, señala la primera parte del artículo en cuestión, que fija además prisión de ocho años en caso de destrucción del patrimonio.

Se entiende por patrimonio cultural material al conjunto de bienes culturales que tienen sustancia física e identifican una época de una cultura específica.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aclaró que se diferenció la sanción para lo que es el tráfico, el deterioro, la alteración, exportación o explotación de un patrimonio, de lo que es la destrucción del mismo, porque las primeras infracciones pueden ser reparadas, mientras que al destruir el bien, ya no se lo podrá recuperar.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Constitución, diputada Susana Rivero, señaló que en este artículo se establece lo que es la reparación del daño, porque esto es lo más importante cuando no está en peligro la vida de alguien.

Fabricar o vender sustancias químicas controladas sin permiso será penado con hasta ocho años de cárcel

Prensa Diputados, 19/10/2017.- La persona que sin estar legalmente autorizada para la fabricación, transporte, almacenamiento, comercialización, envíos o internación al país de sustancias químicas controladas será sancionada con hasta ocho años de prisión, según un artículo aprobado este jueves por el pleno de la Cámara de Diputados, que retomó el análisis en detalle del Proyecto de Ley de Código del Sistema Penal.

Asimismo, el Proyecto sanciona con la misma pena privativa de libertad a la persona que desvíe a actividades ilícitas sustancias químicas controladas que están registradas en el Anexo de la Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.

El  Capítulo del Código VII Delitos contra el Bienestar Individual y Común, establece que se sancionará con prisión de tres a seis años a quien cultive o recolecte amapola, adormidera papaver somniferum, marihuana cannabis sativa, cannabis indica y sus hídridos. La agravante para este delito es que el cultivo se realice en áreas protegidas, en cuyo caso se incrementa la pena privativa de libertad entre cuatro a ocho años.

También sanciona la administración ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con cárcel de hasta 12 años cuando ésta provoque el fallecimiento de una persona.

Por otro lado, en esa misma sección del Proyecto de Ley de Código del Sistema Penal, se sanciona la prescripción médica sin necesidad terapéutica y la venta en farmacias de sustancias controladas sin cumplimiento de las formalidades previstas en las normas vigentes.

Diputados rindieron homenaje a los héroes de la Guerra del Gas

Prensa Diputados, 17/10/2017.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes un Homenaje Camaral a los defensores y héroes de la denominada Guerra del Gas suscitada en octubre de 2003, cuando cerca de 70 ciudadanos ofrendaron sus vidas para defender los recursos naturales, poniendo en alto la soberanía y dignidad de todo el país.

“La Cámara de Diputados, en uso de sus atribuciones constitucionales y de conformidad al Artículo 103 y 133 de su Reglamento General,resuelve rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a las y los defensores y héroes de la Guerra del Gas, en las jornadas fatídicas del Octubre Negro del 2003, en memoria de los bolivianos y bolivianas que valientemente ofrendaron sus vidas en la lucha por la defensa de nuestros naturales, reafirmando así la democracia, soberanía y dignidad del pueblo boliviano”, señala el documento aprobado por unanimidad.

Asimismo, el Homenaje recuerda las jornadas violentas que se vivió, principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, donde el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada reprimió al pueblo boliviano que defendió nuestro gas natural, para que no sea exportado por Chile.

También rememora el pedido del pueblo boliviano para que se nacionalice e industrialice el gas natural, pedido que no fue tomado en cuenta por el gobierno, razón por la que los sectores sociales decidieron bloquear carreteras, medida que fue respondida por las Fuerzas Armadas, bajo las órdenes de Sánchez de Lozada, con una represión violenta contra los defensores de los recursos naturales.

Por otro lado, remarca que después de 14 años de ocurrida esa masacre, todavía no se logró que la justicia alcance a los principales responsables, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, porque se encuentran en Estados Unidos, cuyo gobierno no permite su extradición.

En ese contexto, la diputada del MAS, Betty Yañíquez, afirmó que hablar de la Guerra del Gas es recordar parte de la historia negra de Bolivia, porque se llevó decenas de vidas por el interés del gobierno de entonces.

“Existe un disparador para la Guerra del Gas y era vender gas a Estados Unidos a través de Chile, proyecto gestado desde el gobierno de Jorge Quiroga y madurado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa”, señaló.

Los extranjeros que no puedan obtener visa en oficinas consulares podrán ingresar al país con un documento de autorización

Prensa Diputados, 12/10/2017.- Con el fin de regular y mejorar el control del flujo migratorio, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el Proyecto de Ley 224 que modifica la Ley 370 de Migración, estableciendo que la Dirección General de Migración otorgará autorizaciones de ingreso al país a extranjeros que no pudieran acceder a una visa en oficinas consulares bolivianas en el exterior.

La propuesta aprobada también establece que se otorgará cédula de identidad indefinida a extranjeros mayores de 60 años de edad con residencia permanente, y que las empresas operadoras de turismo receptivo y otras afines deberán exigir a la persona migrante extranjera la presentación del documento de viaje válido y vigente, con la visa correspondiente.

El Proyecto modifica el Artículo 20 de la Ley 370, facultando a la Dirección General de Migración emitir autorizaciones de ingreso por turismo o visita a personas migrantes extranjeras que no hayan accedido a una representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que la emisión de visas es sólo una función consular. El documento de autorización tendrá́ los mismos efectos que la visa por turismo o visita.

Actualmente, el Artículo 13 de la Ley 370 norma que los residentes extranjeros de más de 60 años de edad y con residencia permanente de más de 15 años continuos, pueden obtener una cédula de identidad indefinida, pero con las modificaciones, ahora estarán eximidos del tiempo de residencia continua para que accedan a ese beneficio.

Sobre las empresas operadoras de turismo receptivo y otras afines, la modificación establecen que tendrán las mismas obligaciones que las agencias de viaje y turismo, debido a que deberán exigir a la persona extranjera que presente el documento de viaje válido y vigente, con la correspondiente visa, autorización de ingreso por turismo o visita, o autorización de permanencia, con el fin de proporcionar los servicios que ofrece.

Estos operadores también deberán proporcionar listas de registros de personas migrantes extranjeras que ingresen o pretendan salir del territorio en calidad de turistas, en el plazo y forma establecidos por la Dirección General de Migración.

El Artículo 18, referido al Pasaporte, señala que los extranjeros podrán ingresar al territorio nacional con pasaporte Diplomático, Oficial o Corriente, quedando eliminado el de Servicio. Estos documentos serán emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, excepto el Corriente que lo otorga la Dirección General de Migración.

Por otro lado, el proyecto propone reducir de 15 días hábiles a diez días calendario el tiempo en el que Migración debe responder a la solicitud de una visa hecha en una oficina consular por los migrantes que requieran ese documento para ingresar al país.

La propuesta incluye a las personas apátridas como beneficiarios para obtener, junto a los refugiados, los documentos de permanencia indefinida.

En su Disposición Transitoria, el Proyecto señala que los pasaportes emitidos hasta la fecha tendrán una vigencia de seis meses posterior a la publicación de la ley, autoriza al Ministerio de Economía destruir el stock de pasaportes de servicio. La norma, una vez promulgada, deberá ser reglamentada en un plazo de 60 días.

Descolonización: los pueblos indígenas ahora son parte de la toma de decisiones en el país

Prensa Diputados, 12/10/2017.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que parte de la profundización de la democracia en el país es el espacio en la toma de decisiones que ocupan las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el país, gracias al proceso de cambio y al liderazgo del presidente Evo Morales.

Las declaraciones de la titular de Diputados surgieron a propósito del Día de la Descolonización en el Estado Plurinacional de Bolivia, que se conmemora hoy 12 de octubre, y al término de una reunión de los jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo con el presidente Morales, en Palacio de Gobierno.

“Una manera en la que se profundizó la democracia en el país es que las naciones y pueblos indígenas, que antes no existían para el Estado, gracias al proceso de cambio y al liderazgo del presidente Evo Morales eso ha cambiado radicalmente en Bolivia; hoy existen autonomías indígena originario campesinas, hoy existen representantes en la Asamblea Legislativa así como departamentales directos elegidos por los pueblos indígenas, existe una transversalización en el tratamiento de las políticas públicas en relación a estos pueblos en todos los ámbitos”, subrayó.

En ese sentido, señaló que la realidad actual con relación a los derechos de los pueblos indígenas es totalmente diferente a la de hace 12 o 15 años, cuando se hablaba de lo pluricultural, “pero que en el fondo, para los espacios de toma de decisión,  prácticamente los indígenas estaban fuera”.

Acuerdo con trabajadores de la prensa no se contrapone al firmado con el sector de salud

Código del Sistema Penal

Prensa Diputados, 12/10/2017.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó este jueves que el acuerdo al que se arribó con los periodistas y trabajadores de la prensa sobre el artículo referido a la mala práctica del Proyecto de Ley de Código del Sistema Penal, no se contrapone al firmado con los representantes de los colegios médicos y trabajadores en salud, por lo que las declaraciones del presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, sólo buscarían confundir a ese sector.

“No sé cuál es la intencionalidad de generar confusión por parte del señor (Luis) Larrea, (…) no sé cuál es su intencionalidad para intentar confundir otra vez al sector de salud diciendo que el acuerdo al que hemos arribado con los medios de comunicación y con los trabajadores de la prensa está retrocediendo o está en contraposición con el acuerdo que quedamos con el sector de salud, eso es falso”, enfatizó.

Montaño, al referirse a la observación de Larrea sobre el artículo de la mala práctica profesional, explicó que sólo se sancionará a los profesionales de oficios un profesional cuando se afecte la integridad física o la salud de otra persona.

“Lo único que se ha acordado y que ha generado consenso con la prensa y los medios de comunicación es que aquellas profesiones en las cuales no exista un deber de cuidado de la salud e integridad física, por supuesto no pueden ser procesadas por este tipo penal, y resulta ahora que el señor Larrea quiere hacerle creer al sector de salud y a la población, que lo que acordamos con ellos lo hemos borrado con el acuerdo con la prensa; falso, ahí veo una doble intencionalidad, una mala fe, nosotros no queremos perjudicar a ningún sector”, insistió.

En ese marco, la Presidenta de la Cámara de Diputados conminó a Luis Larrea a que demuestre con el texto redactado en el proyecto de Código del Sistema Penal que existe una contraposición entre el acuerdo firmado con la prensa y el consensuado con el sector salud; lo contrario demostraría una mala fe en sus declaraciones que buscan movilizar al sector que representa.

Remarcó que el texto redactado en el Proyecto del Código del Sistema Penal es claro, tanto técnica como jurídicamente, por lo que no se observa contradicción alguna entre los acuerdos. “Espero que tanto el sector de salud como el de la prensa y trabajadores de la prensa puedan asumir el texto, no opinar por la opinión del opinador, sino por el texto del artículo”, sostuvo.

Delitos contra la libertad sexual tendrán cárcel de hasta 12 años

Prensa Diputados, 10/10/2017.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en su etapa en detalle, los artículos referidos a los delitos contra la libertad sexual –incluidos en el Proyecto de Ley de Código del Sistema Penal- en los que se sanciona a los infractores con privación de libertad de hasta 12 años. Entre los delitos están el abuso sexual, corrupción sexual de niña, niño o adolescente, y el acoso sexual.

“Se sancionará con prisión de tres a seis años y prohibición de concurrir a ciertos lugares o acercarse a la víctima a quien, mediante intimidación o violencia física o psicológica, realice con persona de uno u otro sexo, sin su consentimiento, tocamientos, caricias, manoseos de contenido o significación sexual, o le obligue a realizar o presenciar actos sexuales que no constituyan penetración del miembro viril u otros objetos por vía vaginal, anal u oral”, señala el Parágrafo I del artículo referido al abuso sexual.

En ese mismo artículo, el proyecto señala que la sanción agravada será de siete a 12 años de prisión cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, o persona con discapacidad grave.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que la diferencia entre abuso sexual y violación es que no existe penetración, pero que ambos delitos utilizan violencia física o psicológica, intimidación y no existe consentimiento, pero que en el caso de este artículo específico, el tocamiento debe tener un contenido o significado sexual.

En el caso del delito de corrupción sexual de niña, niño o adolescente, éste se sancionará con prisión de tres a seis años a aquellas personas que corrompan o contribuyan a corromper sexualmente a una persona mayor de 14 años de edad y menor de 18.

Asimismo, establece que la sanción será agravada a prisión de cinco a diez años cuando la víctima sea menor de 14 años o tenga discapacidad grave; el hecho sea con fines de lucro; medie engaño, violencia o cualquier otro medio de intimidación o coerción; la persona autora sea cónyuge, conviviente, ascendiente, hermana, hermano, tutor, encargado de la educación, guarda o custodio de la víctima; y cuando la persona autora se dedique habitualmente a este tipo de actividades con niños, niñas o adolescentes.

El artículo referido al acoso sexual especifica que se sancionará a “la persona que, valiéndose de una posición jerárquica en cualquier ámbito o aprovechando una relación de poder de cualquier índole, solicite o exija para sí o tercera persona una relación o acto de carácter sexual”, con la privación de libertad de dos a cuatro años.

Remarca que para que se pueda comprobar ese delito debe existir hostigamiento o persecución; amenaza de producir daño o perjuicio; condicionamiento para la obtención de un beneficio o cualquier otro medio; y uso reiterado de palabras, envío de mensajes de carácter sexual por cualquier medio.

El agravante para este delito es que la infracción sea cometida contra una niña, niño o adolescente y que la persona infractora tenga una posición jerárquica o relación de poder respecto a la víctima, por lo que será sancionada con prisión de entre cuatro y ocho años.

“La persona que sin incurrir en la conducta descrita en el Parágrafo I, contacte a una niña, niño o adolescente, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones u otro medio tecnológico de transmisión de datos, con el fin de cometer alguna infracción penal contra la libertad sexual, será sancionada con prisión de dos a cuatro años y prohibición de concurrir a ciertos lugares o de acercarse a la víctima”, señala ese mismo artículo.

ALP y Confederación de Empresarios Privados alcanzan cuatro acuerdos importantes para ese sector

Prensa Diputados, 10/10/2017.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño; su par del Senado, José Alberto Gonzales; y el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, en conferencia de prensa conjunta, informaron este martes que alcanzaron cuatro acuerdos importantes que serán incluidos en el proyecto de Código del Sistema Penal, los mismos que están referidos a las personerías jurídicas, infracciones penales, multas y redacción de algunos tipos penales.

“Resumiría en cuatro grandes pilares los cambios que hemos hecho en acuerdos con la Confederación de Empresarios Privados: primero, se ha introducido de manera integral la lógica del Compliance como un elemento a ser tomado en cuenta el momento en que se inicie el proceso penal a persona jurídica. Compliance quiere decir que la empresa tenga normativa interna y esa normativa haya sido ejecutada de manera adecuada para prevenir que una empresa sea utilizada en la comisión de una infracción penal”, explicó.

Montaño detalló que el segundo acuerdo está referido a infracciones penales a personas jurídicas, por lo que en base a las observaciones del empresariado privado se apartó del Código del Sistema Penal varias infracciones penales que no correspondían aplicar a esta figura legal.

“Un tercer elemento: hemos hecho una nueva fórmula de cálculo para las multas, en la que ya no se utiliza el patrimonio, sino las utilidades como base de cálculo en la fórmula para cobrar multas como sanción penal”, agregó.

Asimismo, la Presidenta de Diputados precisó que el cuarto acuerdo con la CEPB es especificar la redacción de algunos artículos que podrían dejar espacio a malas interpretaciones y afectar a ese sector, por lo que se está ajustando su redacción. “También hemos discutido las sanciones, y en las sanciones hemos hecho algunos ajustes, y creo que de manera integral hemos estado totalmente de acuerdo en todos estos puntos”, agregó.

Por su parte, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, destacó que se lograron acuerdos importantes con el sector empresarial y que sólo quedan dos temas pendientes por tratar en una próxima reunión técnica.

“Lo que se busca a través del Código no es ahuyentar las inversiones, poner en situación difícil a los empresarios de nuestro país, generar una situación de crisis en términos de generación de empleo; absolutamente lo contrario, lo que se pretende es brindar a los empresarios las certezas absolutas que en cuanto cumpla sus tareas que están dentro de la norma, no va a tener ningún tipo de inconveniente ni persecución”, remarcó.

A su vez, el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, destacó la predisposición de los presidentes de ambas cámaras de la ALP y afirmó que los dos temas pendientes no fueron resueltos por falta de tiempo, ya que las autoridades tenían una agenda apretada; sin embargo, adelantó que seguramente no habrá inconveniente para solucionarlos.

“Lo que ha habido es una mala interpretación, ha habido una desinformación que ha llevado tal vez a una lectura que no ha sido la adecuada, lo cual quedó aclarado, por eso es que se abrió estas mesas de diálogo, este trabajo que se ha llevado adelante justamente para aclarar los puntos que había que aclararse”, sostuvo.

La oposición viola el principio de soberanía al recurrir a la CIDH sobre asuntos internos

Prensa Diputados, 03/10/2017. - El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó este martes que la oposición equivoca el camino al acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su afán de oponerse al Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad presentado por el MAS y dos opositores ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque las instancias internacionales son el último recurso que se debe utilizar.

“Es inadmisible (trasladar el problema a instancias internacionales); es violar el principio de soberanía del país, que un organismo internacional interfiera, prohíba el trámite de un proceso de una administración constitucional interna de un Estado, no se puede admitir; primeramente, tendríamos que esperar el fallo que emitan y verificar si ha existido vulneración efectiva de derechos y garantías constitucionales o, como ellos lo mencionan, atentado al principio de la democracia, pero no tenemos el fallo en este momento”, argumentó.

En las últimas horas, miembros de la oposición anunciaron que acudirán a la CIDH para denunciar que el gobierno boliviano estaría violando los derechos de miles de bolivianos que votaron en el referendo del 21 de febrero al interponer un recurso legal ante el TCP para permitir la repostulación de todas las autoridades electas.

Borda recordó que el TCP sólo admitió el Recurso presentado por el MAS, porque verificó que cumplía con todos los requisitos establecidos en el procedimiento constitucional, por lo que esta acción no causa efecto alguno en el Estado de Derecho.

En ese marco, agregó que sólo se acude a instancias internacionales cuando ya existe un fallo de la máxima autoridad judicial de un país y se vulnera los derechos y garantías constitucionales, lo que no es el caso.

“Parece que muchos de la derecha no se han bolivianizado en el tema judicial, piensan que la justicia internacional es la más perfecta y que tenemos que recurrirá ella; cuando hay mecanismos y procedimientos internos que primero tenemos que agotar, recién podemos ir a instancias internacionales; es realmente lamentable errática esta interpretación, se están equivocando de cabo a rabo”, sostuvo el diputado Borda.

Por su parte, el diputado Lino Cárdenas coincidió con su colega Borda en que la oposición se equivoca al acudir a instancias internacionales, porque sólo se admiten estos casos cuando se agotan todos los procedimientos internos de un país.

“No tiene ningún procedimiento, no tiene ninguna base legal este tipo de actos que se está realizando, será una visita como cualquier otra, no tiene ningún efecto jurídico, ninguna trascendencia jurídica, el hecho de que vayan a presentar una queja, un memorial, es absolutamente impertinente”, subrayó.

Borda: recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado al TCP es un acto de pleno derecho 

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Prensa Diputados, 03/10/2017.- El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, explicó que con el Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se está haciendo un acto eminentemente de pleno derecho, porque no se está desconociendo nada y se está actuando en el marco de la legalidad y legitimidad.

“No se está proponiendo que el Presidente Evo Morales sea reelegido a través de una ley, sino que se le otorgue ese derecho humano conforme al Artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica y sea sometido a las urnas”, ratificó.

Sobre el viaje de una comisión gubernamental a la Organización de los Estado Americanos (OEA), dijo que el principal objetivo es explicar respecto a qué es el Recurso de Inconstitucionalidad. “Estamos observando que hay una tergiversación de términos, conceptos, y lo que se va a explicar en la OEA son cuáles son los efectos del Recurso, y se incidirá en que Bolivia es un Estado Plurinacional de derecho y así está establecido en el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE)”, subrayó.

Según el legislador, muchas autoridades nacionales e internacionales emiten criterios a priori que no condicen con la realidad nacional y que por eso se está intentando hacer una defensa respecto al Recurso para que no se desconozca el planteamiento expuesto. “Lo que no se puede hacer es intentar generar movilizaciones y presionar al TCP, porque eso es desconocer nuestro ordenamiento jurídico legal”, subrayó.

La comisión gubernamental que viajó a Washington (Estados Unidos), sede de la OEA, está conformada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.