MINISTERIO PÚBLICO ORDENA APREHENSIÓN DE JOSÉ MARÍA LEYES POR CASO MOCHILAS DOS

PRENSA, COCHABAMBA (06.06.18).- El Ministerio Público ordenó la aprehensión del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en el marco de la investigación del caso denominado Mochilas dos, registrado en el 2016.

La información fue proporcionada por el Fiscal Departamental de Cochabamba, Óscar Vera, quien mencionó que el caso está referido a la adquisición de mochilas con la cual benefició de manera directa a las empresas proveedoras. Leyes fue convocado la tarde del miércoles ante el Ministerio Público para brindar su declaración informativa, sin embargo se acogió a su derecho al silencio.

“Se ordenó la aprehensión del ciudadano José María Leyes Justiniano en el marco de la investigación por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica”, explicó.

De acuerdo con la relación de los hechos, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba realizó un proceso de contratación de bienes y servicios recurrente, bajo exclusiva responsabilidad del Alcalde Municipal, José María Leyes, quien autoriza de forma excepcional y a través de resolución ejecutiva la adquisición, favoreciendo a los empresarios a quienes se les adjudicó la provisión de mochilas.

En el marco del desarrollo del proceso, el Ministerio Público, mediante memorial de fecha 04 de Junio de 2018, amplió la investigación en contra de María René Ramírez y Rene Juan de Dios Morales Espinoza, por la presunta comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado y el delito de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado.

Asimismo, en contra de Diego Bernardo Moreno Barrón; Marcos Andrés Cuevas Gutiérrez; Rolando Nogales Torrico; Ricardo Zelada Aguirre; Michelle Meyer; Fernando Díaz de Oropeza; Henry Delgado Nin; Christian Siles Ríos y José Óscar Bascopé Rojas, por los delitos de Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública e Incumplimiento de Deberes.

MINISTERIO PÚBLICO LOGRA 30 AÑOS DE CÁRCEL PARA FEMINICIDA EN PADILLA

PRENSA, SUCRE (22.05.18).- El Ministerio Público informó que logró sentencia condenatoria de 30 años de cárcel sin derecho a indulto en el penal de San Roque, por el delito de Feminicidio de su concubina, una menor de 16 años de edad.

“El hecho de sangre se registró en fecha 3 de mayo del presente año en el sector denominado Cañada de la comunidad Recalde, muy próxima a Padilla. En ese lugar la menor E.R.S. fue victimada con 5 disparos de arma de fuego”, señaló el Fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez Torres.

Tras el hecho de sangre, el autor de nombre Roberto Soliz Ovando se dio a la fuga con rumbo desconocido, siendo aprehendido el 21 de mayo de 2018.

Con todos los elementos colectados, el Ministerio Público presentó imputación por el delito de Feminicidio y en audiencia de medidas cautelares, Roberto Soliz mediante su abogado reconoció ser autor del hecho y solicitó someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado.

Según la relación de los hechos, a las 10.30 del 3 de mayo, Roberto le quitó la vida a su concubina con 5 disparos de arma de fuego en presencia de la hermana mayor de la víctima. El informe médico forense establece que se encontraron 5 disparos en el cuerpo de la menor, uno en la cabeza, dos en el tórax, otro en el hombro derecho y uno en la flexura del codo derecho.

“Destruiste mi vida y ahora voy a terminar con tu vida y la de tu familia”, fueron las palabras pronunciadas por Soliz Ovando cuando le disparó a su concubina, de acuerdo con la declaración de la testigo presencial del hecho, quien también fue amenazada cuando quiso sacar su celular.

Al momento de la aprehensión del feminicida, en su mochila se encontró dos cartas. En una que está dirigida a la Policía describe los motivos por los cuales mató a su concubina y la otra es de despedida de sus familiares, lo cual indica que tenía planificado quitarse la vida.

15 Y 30 AÑOS DE CÁRCEL PARA ASESINOS DE DOS CIUDADANOS EN COBIJA

PRENSA, COBIJA (22.05.18).- El Ministerio Público informó el martes que logró que la autoridad jurisdiccional emita sentencia condenatoria de 30 años de presidio en el penal de Máxima Seguridad de Chonchocoro en La Paz, para Mauro Vásquez Guerra por los delitos de Asesinato y Asociación Delictuosa.

“Además de Vásquez, fue condenado a 15 años de prisión el ciudadano Kendy Álvarez Morizet en el penal de Villa Busch, por el delito de Asesinato y Asociación Delictuosa en Grado de Complicidad”, explicó la Fiscal Departamental de Pando, Patricia Romero Zardán.

En la audiencia de juicio oral que se desarrolló en el Tribunal de Sentencia Nº 2 de Cobija, el Ministerio Público presentó todos los elementos que prueban que ambas personas son autores del delito acusado.

Según la relación de los hechos, estas personas son responsables del asesinato de los ciudadanos Wagner Welinton Maia do Nascimiento, registrado en la avenida 16 de julio de la ciudad de Cobija en fecha 11 de febrero de 2008 y de Juan Elvis Rigueira en fecha 09 de mayo de 2008 en la avenida Pando esquina 27 de mayo.

En el primer hecho de sangre, personal policial acudió al auxilio de tres personas heridas con arma de fuego en el Restaurant Paladar Boliviano, las mismas fueron trasladadas al Hospital Roberto Galindo, para su atención inmediata.

Siguiendo el rastro de los responsables del hecho de sangre, los investigadores encontraron a 150 metros del Restaurant el cuerpo sin vida de Wagner Eelinton Maia con varios disparos de arma de fuego en su humanidad.

MINISTERIO PÚBLICO IMPUTA A ALCALDE DE ICHOCA EN LA PAZ POR DELITOS DE CORRUPCIÓN

PRENSA, LA PAZ (15.05.18).- El Ministerio Público informó que imputó formalmente al alcalde de Ichoca, Alejandro Choque Usnayo, del Departamento de La Paz, por la presunta comisión de los delitos de Malversación, Uso Indebido de Influencias, Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica y Agio.

El Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, señaló que la imputación fue presentada el 14 de mayo ante el Juzgado Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia las Mujeres.

“En el mismo proceso, fue imputado el supervisor de Obras, Jorge Zárate Corina, en calidad de Cómplice de la comisión del delito de Conducta Antieconómica (…). Estamos aguardando que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares donde se definirá la situación jurídica de ambos imputados”, explicó.

Las irregularidades detectadas están referidas a la Construcción de un Muro Perimetral de la Unidad Educativa San Antonio Sirarani cuyo proyecto, por instrucción del Alcalde Choque Usnayo fue dividido para adjudicarlo a través de la modalidad de contratación menor y no así mediante ANPE (Apoyo Nacional a la Producción y Empleo).

En otras irregularidades detectadas, está también el favorecimiento a familiares como el designar como su chofer a su sobrino y adjudicar un enlocetado de la Plaza Pacollo al concubino de su hermana.

En el caso de Jorge Zárate Corina, este ciudadano es quien firma el acta de recepción de la obra dando su conformidad, sin embargo no presentó en su informe que no se utilizó el material que estaba establecido en el contrato suscrito.

En la imputación presentada, el Ministerio Público está solicitando la detención preventiva de ambos al existir elementos de convicción que evidencian que son autores de los delitos imputados. Asimismo, existen riesgos procesales como el peligro de fuga y obstaculización de la investigación.

DETENCIÓN PREVENTIVA PARA JUEZ DE CHUQUISACA POR APROPIARSE DE UN VEHÍCULO

PRENSA, SUCRE (09.05.18).- El Ministerio Público informó que la autoridad jurisdiccional determinó el miércoles la detención preventiva en la carceleta de Camargo del juez Luis Eduardo G. R., por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Concusión, Cohecho Pasivo Propio, Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados.

El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, explicó que en la audiencia desarrollada en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal de Sucre el Ministerio Público presentó los elementos de convicción y acreditó los riesgos procesales como obstaculización de la investigación ya que como juez puede influir en cualquier miembro de la administración de justicia e influir negativamente en testigos y partícipes.

En el proceso investigativo se estableció que Luis Eduardo en su calidad de Juez de Sentencia Nº 1 de Sucre obtuvo ventajas ilegítimas en beneficio propio ya que se adueñó de un vehículo marca Toyota Modelo RAV4 para lo cual indicó al propietario que hablaría con sus “amigos” miembros del Tribunal de Sentencia Nº 3, para beneficiarlo con una sentencia absolutoria en el marco de un proceso penal que se tramitaba en esa instancia.

La promesa de Luis Eduardo no se cumplió porque ese Tribunal sentenció al ciudadano Luis Alberto Aguilar Osina a tres años de privación de libertad. “Ante el reclamo del propietario del vehículo, el Juez le prometió que la apelación saldría favorable porque los vocales eran más amigos, pero el fallo también fue negativo.

Posteriormente, la víctima buscó nuevamente al Juez y éste le prometió que su problema se arreglaría en el Tribunal Supremo de Justicia realizando para ello una llamada a una de sus “amistades” a quien le pidió que le ayude porque era su familiar, sin embargo nuevamente el fallo salió en contra, ejecutándose mandamiento de condena en fecha 3 de diciembre de 2017 en contra de Luis Alberto Aguilar Osina.

El Ministerio Público presentó como evidencia del ilícito la minuta de transferencia del vehículo RAV4 como forma de pago para que Luis Eduardo hable con los miembros del Tribunal de Sentencia Nº 3, de manera que se obtenga sentencia absolutoria.

Ante los elementos de convicción expuestos por los miembros de la Fiscalía Corporativa Anticorrupción, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva del imputado en la carceleta de Camargo.

DETENCIÓN PREVENTIVA PARA REPRESENTANTE DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE MOCHILAS CHINAS EN COCHABAMBA

PRENSA, SACABA (06.05.18).- El Ministerio Público informó que el ciudadano Néstor García Maygua fue enviado el domingo con detención preventiva al penal de San Sebastián en Cochabamba, en el marco de la investigación del caso denominado mochilas chinas que involucra al Alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y otros.

La información fue proporcionada por el Fiscal Departamental de Cochabamba, Óscar Vera, quien explicó que este ciudadano fue imputado por la presunta comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en el Juzgado Penal de Turno de Sacaba donde el Ministerio Público presentó los elementos de convicción que acreditan la comisión de los delitos imputados y acreditó los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización de la investigación.

“A diferencia de los anteriores administradores de justicia quienes, pese a las evidencias presentadas, beneficiaron con medidas sustitutivas a los imputados, el Juez de Sacaba valoró los elementos y envió a la cárcel a García Maygua”, señaló Vera.

La prueba documental cursante en obrados evidencia que el sindicado asumió una fase intelectual en la comisión de los delitos con la finalidad de participar en la licitación pública N° 09/17, proyecto denominado "compra mochilas escolares" y concertó junto a los coimputados participar en la Asociación Accidental 26 de Febrero, en calidad de Representante Legal.

Esta Asociación fue conformada por las “Empresas Mane Comp” representada legalmente por la coimputada María René Ramírez Ramírez y la “Empresa MSPC S.R.L.” representada por el coimputado René Juan de Dios Morales Espinoza (ambos socios), naciendo a la vida cuatro días antes de la culminación de presentación de propuestas de la licitación pública para la compra de las mochilas.

“Con la finalidad de obtener una ventaja o beneficio indebido en detrimento de la economía del Estado, los socios de la Asociación 26 de Febrero, compraron los materiales con anticipación de tres meses y doce días, es decir mucho antes de la autorización y publicación de la licitación N° 09/2017, en el SICOES, misma que recién fue realizada en fecha 28 de noviembre de 2017”, agregó Óscar Vera.

Lo más sorprendente es que los materiales y/o mochilas adquiridas anticipadamente (16/08/2017) se encontraban ya con los logos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Néstor García Maygua firma la Minuta de Contrato LP. N° 04/2018 de 26 de enero de 2018 y realiza todas las gestiones ante el Gobierno Municipal de Cochabamba (presentación de oferta, participación en el proceso de contratación, etc.), para consolidar finalmente la adjudicación en favor de la Asociación 26 de Febrero, en el irregular proceso de contratación LP 09/17, denotándose así su efectiva participación en el hecho investigado.

“El imputado despliega su conducta durante todo este simulado proceso de contratación a sabiendas que la Asociación Accidental 26 de Febrero había adquirido con anterioridad a la publicación del DBC en el SICOES, todos los productos que posteriormente fueron ofertados al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba”, finalizó Vera.

MINISTERIO PÚBLICO LOGRA 15 Y 30 AÑOS DE CÁRCEL POR DELITO DE ASESINATO EN SAN BORJA – BENI

PRENSA, TRINIDAD (29.04.18).- El Ministerio Público informó que el ciudadano Carmelo Orellana Ruiz fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto y su cómplice Luis David Vargas Melgar a 15 años de privación de libertad, ambos por el delito de asesinato.

La información fue proporcionada por el Fiscal Departamental del Beni, Jhasmani Cortez, quien señaló que la audiencia de juicio oral se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de San Borja donde el Ministerio Público presentó todas las pruebas colectadas.

“Se ha presentado todos los elementos que prueban que ambas personas son autores del delito acusado. Como Ministerio Público hemos reunidos todas las evidencias que fueron valoradas por la autoridad jurisdiccional”, explicó.

De acuerdo con el cuaderno de investigación, en fecha 30 de enero de 2017, Carmelo Orellana se hizo presente en la casa del Bladimir Temo Fresco de 30 años de edad (víctima) y junto a dos supuestos policías procedieron a golpearlo para luego subirlo a un vehículo y trasladarlo supuestamente al puesto policial de San Borja.

El hecho ocurrió en la comunidad campesina Pinar del Río aproximadamente a las 22.00 horas, sin embargo Bladimir nunca llegó al puesto policial y por el contrario no se supo más nada de él. En el proceso investigativo se estableció que los móviles del hecho fueron una deuda de 2 mil bolivianos que cobraba Carmelo Orellana.

Una vez el Ministerio Público tomó conocimiento del caso, se abrió el proceso investigativo y en fecha 01 de junio a horas 09:00 de 2017 se ubicó el cuerpo de la víctima enterrado en predios de la Hacienda Los Pinos.

De acuerdo con la declaración de un testigo, en esa Hacienda Bladimir Temo fue agredido físicamente y posteriormente asesinado siendo enterrado su cuerpo con autorización del propietario en un lugar de esa Estancia.

Tras un arduo trabajo, Los restos de Bladimir Temo fueron encontrados y reconocidos por sus familiares por la vestimenta que tenía.

En el juicio oral que comenzó en fecha 24 de abril de 2018 y concluyó el 28 del presente mes, la autoridad jurisdiccional dictó sentencia condenatoria de 5 años de cárcel por el delito de Porte y Tenencia de arma y 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto en contra de Carmelo Orellana Ruiz.

Asimismo, dictó sentencia condenatoria de 15 años de cárcel en contra de Luis David Vargas Melgar por el delito de Asesinato en Grado de Complicidad. Ambos cumplirán su pena en el penal de Mocoví en Trinidad.

MINISTERIO PÚBLICO IMPUTA A OTRA APREHENDIDA EN CASO ASESINATO DE MILITARES EN ORURO

PRENSA, ORURO (18.04.18).- El Ministerio Público presentó imputación formal en contra de la ciudadana Paddy C. Ch., aprehendida en las últimas horas, por la presunta comisión de los delitos de Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones, Asociación Delictuosa y Asesinato.

“Se ha presentado la imputación en contra de esta persona, en el marco del proceso investigativo del asesinato de dos efectivos militares de la Unidad de Control Aduanero (UCA) registrado en fecha 11 de marzo de 2018”, explicó el Fiscal Departamental de Oruro, Mario Rocha.

El Ministerio Público amplió la investigación en contra de Paddy C. Ch., Rudy L. H., Vladimir V. y Nicolás F., expidiendo la orden de aprehensión correspondiente de estos ciudadanos.

Paddy fue aprehendida la tarde del martes a horas 15:00 en inmediaciones de calle Cochabamba, entre Camacho y Washington (zona central), luego que Elsa Monroy quien guarda detención preventiva por el mismo caso, además de otros testigos, revelaran que integraba el grupo de mujeres y hombres armados en la localidad de Cahuana que atacaron a la caravana que trasladaba vehículos indocumentados.

En la imputación presentada por la Fiscalía se está solicitando la detención preventiva de la imputada en la cárcel de San Pedro, tomando en cuenta la existencia de riesgos procesales como el peligro de fuga por la facilidad que tiene Paddy para movilizarse de un lugar a otro.

Asimismo, el Ministerio Público estableció que al permanecer en libertad Paddy se convierte en un peligro para la sociedad, porque formaba parte del grupo que estaba con armas y explosivos en Cahuana.

El 11 de marzo de 2018 aproximadamente a las 09:00 el personal de la Unidad de Control Aduanero (UCA) interceptó varios vehículos indocumentados en proximidades de la localidad de Lliscaya en el Departamento de Oruro procedentes de territorio chileno.

En el trayecto a Oruro, cuando trasladaban los motorizados, los militares Fidel Chávez Huarino (sargento) y Vladimir Siñani Ticona (Sargento) fueron emboscados por el grupo de Paddy y Elsa que portaban armas y explosivos.

Los dos efectivos militares fueron encontrados aproximadamente a las 11:20 del domingo 11 de marzo por personal de la UCA acantonada en la ciudad de Oruro, que se dirigió al encuentro de la caravana una vez tomó conocimiento del operativo.

Al ingreso de la localidad de Cahuana, el personal desplazado de Oruro encontró un vehículo blanco con las puertas abiertas que tenía un orificio de proyectil en el parabrisas y en el interior estaba el cuerpo del sargento Fidel Chávez Huarino con herida de bala en la cabeza (…). El personal de la UCA Oruro también encontró a 15 metros del lugar el otro vehículo donde se encontraba el cuerpo sin vida del sargento Vladimir Siñani Ticona.

El informe médico forense estableció que la causa de la muerte de ambos efectivos fue por lesión de centros nerviosos superiores, fractura de base de cráneo y traumatismo encefalocraneal por proyectil de arma de fuego.

FISCAL GENERAL DEL ESTADO PRESENTA EN COCHABAMBA SU RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS ANTE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y SECTORES SOCIALES

RENDICION DE CUENTAS

·         La ejecución presupuestaria en el 2017 alcanzó al 95 por ciento.

·         Fueron destituidos 14 fiscales por procesos disciplinarios.

PRENSA, COCHABAMBA (17.04.18).- El Fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, presentó el martes ante la sociedad civil organizada, representantes de organizaciones sociales, Órgano Judicial, autoridades nacionales, entre otros, la Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2017.

El acto contó con la presencia del Ministro de Justicia, Héctor Arce; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Petronilo Condori; el Presidente del Tribunal Agroambiental, Gregorio Aro, el Gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, magistrados y magistradas, autoridades militares y policiales.

En la oportunidad, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio Público explicó que en 2017 se alcanzó una ejecución presupuestaria del 95 por ciento, lo que permitió el equipamiento y modernización del Ministerio Público y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Informó que la inversión en el IDIF fue de aproximadamente 29 millones de bolivianos, lo que posibilitó convertir a esta entidad como la más moderna de Suramérica por la tecnología de punta con la que cuenta. A esto suma, la adquisición de Unidades Móviles con equipamiento y tecnología de punta.

Asimismo, se destacó la instalación de cámaras gesell en Trinidad – Beni, El Alto, Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca, lo que evita la revictimización de las personas que han sufrido agresiones.

En cuanto a atención y protección de víctimas y testigos, en 2017, en el área social y psicología el Ministerio Público atendió 11.817 causas. Se hace énfasis que entre 2015 y 2017 los casos atendidos se incrementaron en un 201 por ciento.

El informe también hizo mención a que el pasado año se registraron 109 casos de feminicidio, siendo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los departamentos con mayor índice de hechos de esta naturaleza.

Los datos presentados también hicieron énfasis en los delitos de mayor incidencia referidos a corrupción entre los cuales se encuentra el incumplimiento de deberes con un 33 por ciento, seguido por conducta antieconómica, peculado, prevaricato, resoluciones contrarias, entre otros.

El análisis criminal también estableció que dentro de la familia de delitos de mayor frecuencia se encuentran: delitos de violencia de género y sexual, delitos patrimoniales, delitos contra las personas que hacen un 66,96.

Asimismo, se tiene en la familia de delitos de impacto social a: delitos de narcotráfico con 1,67 por ciento y delitos de corrupción con 1,13 por ciento del total de casos.

Los diez delitos más frecuentes son registrados en el 2017: violencia familiar o doméstica (24%), robo (9%), lesiones graves y leves (7,55%), estafa (5,80%), hurto (4,98%), homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito (4,10%), robo agravado (3,86%), amenazas (2,68%), conducción peligrosa de vehículos ((2,00%) y violación (1,47%).

La carga fiscal ingresada en el 2017 fue 126.484 causas de las cuales, la mayoría fue en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Con una carga activa de 270.102 casos, fueron cerrados 105.769 casos (39,16%) en el 2017.

La política nacional de descongestionamientos aplicada desde 2013, implicó priorizar la resolución de los casos rezagados de gestiones anteriores, para disminuir la retardación de justicia y dar solución jurídica a los detenidos preventivos involucrando a los otros sectores. En el 2017, la capacidad resolutiva fue del 133,97 por ciento en el 2017.

De acuerdo con el Modelo de Gestión Fiscal al 2017, se tiene como resultados 175.235 resoluciones conclusivas.

Entre otros datos, el Fiscal General del Estado destacó también la formación desarrollada por la Escuela de Fiscales con actualización especializada a servidoras y servidores del Ministerio Público, además de la primera promoción de 48 Fiscales Institucionalizados.

Finalmente, explicó que en 2017 a través de la Dirección de Régimen Disciplinario se recibieron 794 denuncias en todo el país contra servidoras y servidores del Ministerio Público, siendo concluidas 579. En ese contexto, fueron sancionados 113 fiscales con multas, uno fue suspendido y 14 destituidos como resultados de procesos disciplinarios.

FERIA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TARIJA POR LOS 201 AÑOS DE LA GESTA LIBERTARIA

FISCALIA

PRENSA, TARIJA (14.04.18).- Cientos de ciudadanos abarrotaron cada uno de los estantes de la Feria Institucional del Ministerio Público realizada en Tarija en homenaje a los 201 años de la gesta libertaria.

Desde las 08.00 de la mañana del sábado las servidoras y servidores de la Fiscalía Departamental de Tarija junto a los directores y personal de la Fiscalía General del Estado atendieron a la ciudadanía que se dio cita a esta actividad.

Estudiantes de diferentes unidades educativas, universitarios y población en general se dio cita en la Feria Institucional del Ministerio Público donde escucharon las explicaciones sobre el trabajo fiscal.

Asimismo, las servidoras y servidores hicieron conocer los pasos y procedimientos que se debe seguir cuando se presenta una denuncia penal.

El acto de inauguración contó con la presencia de autoridades departamentales, locales y representantes de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos de la ciudadanía, entre otros.

El Fiscal Departamental de Tarija, Carlos Andrés Oblitas, fue el encargado de dar la bienvenida a las autoridades y ciudadanía que asistió a esta actividad que acerca a los Fiscales con la población.

El acto de inauguración estuvo a cargo del Director Nacional de Gestión Fiscal, José Ponce, quien explicó que desde el 2012 el Ministerio Público, encabezado por el Fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, adquirió otra dinámica de trabajo con una institución de puertas abiertas y saliendo al encuentro de la ciudadanía.

Por su lado, el alcalde municipal de Tarija, Rodrigo Paz, anunció la pronta entrega de un terreno donde se construirá la casa Fiscal.

Entretanto, el Gobernador de Tarija, Adrián Oliva, señaló que próximamente entregará el estudio a diseño final de lo que será la Casa Fiscal del Ministerio Público.